La Liga Nacional de Fútbol Femenino (NWSL) se encuentra en el centro de un creciente escrutinio político por parte de grupos conservadores, tras revelarse que desde 2022 no cuenta con una política oficial sobre la participación de atletas transgénero. La normativa establecida en 2021, que permitía la inclusión de mujeres trans en la liga bajo ciertas condiciones hormonales, fue abandonada tras la llegada de la comisionada Jessica Berman, aunque su retiro no había sido comunicado públicamente hasta ahora.

La situación se produce en un clima político y judicial tenso en Estados Unidos, donde la Corte Suprema se prepara para escuchar en otoño dos casos clave sobre la prohibición de mujeres trans en el deporte. A esto se suma el vacío normativo también en la Federación Estadounidense de Fútbol (USSF), que carece de una política sobre jugadores transgénero en sus selecciones nacionales. La falta de lineamientos claros ha abierto la puerta a campañas intensas por parte de organizaciones como el Foro Independiente de Mujeres (IWF), que abogan por la exclusión de mujeres trans del deporte femenino.

La ausencia de regulación alimenta una ofensiva conservadora

Desde 2022, la NWSL funciona sin una política pública sobre inclusión trans, lo que ha generado incertidumbre creciente en torno a la participación futura de atletas como Quinn o Kumi Yokoyama, quienes anteriormente jugaron en la liga y se identifican como transgénero. Mientras tanto, voceros de la NWSL han evitado explicar por qué se eliminó la política de 2021 y si existe intención de reemplazarla. Este silencio institucional ha sido aprovechado por grupos como la IWF, que aseguran estar listos para actuar si aparece una atleta trans en la liga, replicando estrategias que ya han resultado exitosas previamente en otros deportes.

Beth Parlato, asesora legal de la IWF, declaró que están dispuestos a asesorar a las autoridades del fútbol femenino para establecer regulaciones que prohíban la participación de mujeres trans. La organización, que ya ha influido en la aprobación de leyes similares en 28 estados, busca ahora ampliar su impacto federal. Para la comunidad transgénero, sin embargo, este escenario representa una amenaza concreta: no solo por la pérdida de espacios de competencia, sino también por la creciente hostilidad social y política. “Nos ven como algo descartable”, advirtió una defensora trans que pidió anonimato por motivos de seguridad.